19 entidades sociales denunciamos la externalización de fronteras y su amenaza a los derechos humanos

Con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes, las organizaciones  que hacen seguimiento del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) denunciamos que las medidas que se están adoptando en torno a la implementación del Pacto, menoscaban gravemente los derechos y garantías consolidados en el Derecho internacional, la normativa europeo y las legislaciones nacionales.

Además, debilitan garantías fundamentales como el derecho a solicitar asilo, la protección frente a devoluciones, el acceso a una defensa jurídica efectiva, el derecho a la información, la protección del derecho a la salud o la atención específica a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Un modelo de externalización de fronteras sin garantías para los derechos humanos

Coincidiendo con la semana en que se conmemora el Día Internacional de las Personas Migrantes, el 18 de diciembre, hemos dirigido una carta al Gobierno para expresar nuestras principales preocupaciones sobre las propuestas bajo debate como la profundización de un modelo de externalización del control migratorio hacia terceros países, sin garantizar el cumplimiento de los derechos humanos.

El concepto de “tercer país seguro”, que permite a los Estados de la UE rechazar una solicitud de asilo como inadmisible si se considera que la persona podía haber solicitado protección internacional en un tercer país, contradice al derecho internacional sobre personas refugiadas, y permite expulsar a personas que solicitan asilo a países donde no tienen ninguna relación, por la fuerza y sin posibilidad de recurrir la decisión.

La alarma es mayor porque en la lista de países seguros en los que se delega la identificación y detención de las personas migrantes se incluyen algunos países que han sido denunciados en múltiples ocasiones por violación de derechos humanos y libertades fundamentales.

Con respecto al impacto en la infancia migrante y solicitante de protección internacional, la aplicación de estos conceptos es especialmente preocupante y podría ir en contra del interés superior de la infancia.

A su vez, sobre el refuerzo de los procedimientos de control, identificación y evaluación rápida de nacionales de terceros países en frontera (triaje) y el uso intensivo de datos biométricos, alertamos que pueden aumentar la criminalización y el racismo institucional.

Asimismo, cuestionamos que la llamada “solidaridad flexible” (acuerdo que permite a los Estados miembro financiar proyectos en terceros países destinados al control migratorio, como alternativa a la reubicación de las personas con necesidad de protección en la UE), no puede sustituir a un verdadero sistema de solidaridad y acogida y se debe garantizar un reparto equitativo de la responsabilidad de acoger de forma justa y digna a las personas solicitantes de protección internacional en UE.

Las ONG destacamos, por otra parte, la importancia de la negativa mantenida por el Gobierno español respecto al Reglamento de Retorno de la UE, debatido a principios de diciembre, en el que se propone acelerar y simplificar los procedimientos para el retorno de las personas en situación irregular en los Estados miembros, permitiendo el establecimiento de centros de deportación en terceros países.

No obstante, vemos con alarma las informaciones recientemente publicadas sobre la participación de la agencia de cooperación española FIAP (Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas) en la construcción de dos “centros temporales de recepción para extranjeros» en Mauritania, en los que se podrá privar de libertad también a menores de edad, incluidos bebés en edad lactante; así como ante el aumento de recursos para la transferencia de inteligencia, equipamiento policial y vigilancia fronteriza hacia los países africanos para el control migratorio.

Falta de transparencia y participación de la sociedad civil

Ante la trascendencia jurídica, política y social de este acuerdo exigen que el Gobierno garantice máxima transparencia, publicidad de los actos preparatorios y solicitan la participación real, efectiva y verificable de la sociedad civil, en consonancia con los principios y obligaciones que deben regir la actuación de las Administraciones conforme al derecho europeo, la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos. Insisten en la necesidad de que el mecanismo de supervisión independiente previsto para garantizar el respeto de los derechos fundamentales en la gestión fronteriza incorpore una participación regular y efectiva de las organizaciones de la sociedad civil.

Reiteran que, sin vías legales y seguras, sin compromisos reales y ambiciosos de reasentamiento y sin un sistema de acogida fuerte y estable, el PEMA está condenado al fracaso desde el punto de vista humanitario.

Organizaciones firmantes:

1. Amnistía Internacional
2. Asociación Rumiñahui
3. Comisión española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
4. CONVIVE – Fundación Cepaim
5. Federación Sur Acoge
6. Fundación Alboan
7. Fundación Entreculturas
8. Iridia – Centro para la Defensa de los Derechos Humanos
9. La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo-España
10. Médicos del Mundo
11. Médicos Sin Fronteras
12. Movimiento por la Paz, MPDL
13. Novact
14. Oxfam Intermón
15. Plataforma de Infancia
16. Red Acoge
17. Servicio Jesuita a Migrantes
18. Salud por Derecho
19. Save the Children