Las ONG recurren al Tribunal Supremo israelí mientras se acerca la fecha límite de cierre
Las autoridades israelíes han ordenado a treinta y siete organizaciones de ayuda internacional que cesen sus operaciones en los territorios palestinos ocupados antes de finales de febrero, en virtud de la revisión de las normas de registro israelíes. Ante la inminencia de las medidas para forzar el cierre, un grupo de organizaciones humanitarias ha tomado la decisión sin precedentes de presentar una petición conjunta ante el Tribunal Supremo israelí para que suspenda las medidas antes de que se cause un daño irreparable a la población divil que dependen de su ayuda.
El 30 de diciembre de 2025, se notificó formalmente a las organizaciones afectadas que sus registros israelíes expirarían al día siguiente y que tendrían 60 días para ir reduciendo sus actividades en Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Este. La carta de notificación indicaba que la decisión solo podría revocarse si las organizaciones completaban el proceso de registro, algo que no era legal ni éticamente posible para ellas.
Estos cierres podrían comenzar ya el 28 de febrero de 2026. El efecto sería inmediato y se extendería mucho más allá de las organizaciones individuales, afectando al sistema humanitario en general. En Gaza, las familias siguen dependiendo de la ayuda externa debido a las continuas restricciones a la entrada de ayuda humanitaria y los recientes ataques en zonas densamente pobladas. En Cisjordania, incluida Jerusalén Este, las incursiones militares, las demoliciones, los desplazamientos, la expansión de los asentamientos y la violencia de los colonos están provocando un aumento de las necesidades humanitarias.
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El registro de la Autoridad Palestina proporciona la base legal suficiente para que las ONG internacionales operen en territorio palestino. Además, según el Cuarto Convenio de Ginebra, una potencia ocupante debe facilitar la ayuda a los civiles bajo su control. Condicionar la presencia humanitaria a exigencias administrativas generales, como la transferencia de listas completas de personal nacional, además de justificaciones vagas y politizadas para denegarla, interrumpe servicios vitales y erosiona la obligación de garantizar el bienestar de la población civil bajo ocupación.
La exigencia de transferir datos personales del equipo plantea graves riesgos legales y de seguridad. Expone al personal nacional a posibles represalias y vulnera las garantías establecidas en materia de protección de datos y confidencialidad. Para las organizaciones europeas en particular, el cumplimiento de esta exigencia generaría graves responsabilidades legales y contractuales. Tales requisitos sientan un precedente que podría enfriar el compromiso humanitario basado en principios en contextos altamente politizados.
Las ONG recurren al Tribunal Supremo Israelí para que no se interrumpan servicios vitales
Las ONG internacionales han propuesto alternativas prácticas, como la verificación independiente de sanciones y los sistemas de control auditados por los donantes, que preservan tanto el cumplimiento como la protección del personal sin revelar datos personales. Pero no se ha dado ninguna respuesta sustantiva. Mientras tanto, se ha comenzado a aplicar el bloqueo de suministros y la denegación de visados y de acceso al personal extranjero.
Junto con las agencias de la ONU y los socios palestinos, las ONG internacionales apoyan o implementan la entrega de más de la mitad de toda la ayuda alimentaria en Gaza, el 60 % de las operaciones de los hospitales en el terreno, casi las tres cuartas partes de las actividades relacionadas con el alojamiento, todo el tratamiento hospitalario de los niños que sufren desnutrición aguda grave y el 30 % de los servicios educativos de emergencia, además de financiar más de la mitad de la remoción de explosivos peligrosos.
La petición solicita una medida cautelar urgente para suspender la expiración de los registros y evitar que se sigan aplicando hasta que se produzca una revisión judicial. Las organizaciones que presentan la petición sostienen que estas medidas administrativas constituyen un intento de restringir las operaciones humanitarias establecidas de una manera incompatible con las obligaciones de una potencia ocupante en virtud del derecho internacional humanitario.
Los gobiernos deben actuar con urgencia para impedir la aplicación de estas medidas y garantizar que la ayuda humanitaria siga siendo independiente, sin obstáculos y basada en principios. Si estas medidas entran en vigor, la ayuda se verá obstaculizada, no porque las necesidades hayan disminuido, sino porque se ha convertido en opcional, condicional o politizada. En un momento en que la población civil depende de la ayuda para sobrevivir, ese resultado tendría consecuencias humanas inmediatas e irreversibles.
