Nos sumamos a profesionales sanitarios para pedir a la UE rechazar la Ley de Deportación
Un día antes de la votación en el pleno del Parlamento Europeo sobre la propuesta de “Reglamento de Deportación” de la UE, profesionales sanitarios de toda la Unión Europea piden a los legisladores que rechacen esta ley de deportación propuesta. Advierten de que esta legislación podría perjudicar gravemente la salud pública, socavar la ética médica y disuadir a las personas de buscar atención esencial.
En una carta abierta publicada hoy por Médicos del Mundo y firmada por más de mil profesionales sanitarios —incluidos médicos, enfermeras, matronas, psicólogos y otros trabajadores de la salud—, los firmantes expresan su preocupación por una propuesta que intensificaría las redadas policiales, la detención —incluida la de menores— y la deportación de personas migrantes en situación administrativa irregular en toda Europa.
Los firmantes advierten de que esta ley de deportación podría dar lugar a perfiles raciales y convertir servicios públicos esenciales —incluidos los hospitales— en espacios de control migratorio, como ya está ocurriendo en Estados Unidos
Un riesgo para la salud
Según la carta, el miedo a ser detectadas y expuestas bajo una ley de deportación ya lleva a muchas personas sin documentación a retrasar o evitar buscar atención, lo que se traduce en problemas de salud más graves, mayores costes de tratamiento y un aumento de los riesgos para la salud pública.
“Cada día los profesionales sanitarios prestamos atención a cualquier persona que lo necesite, sin discriminación”, afirmó Eva Compes, también vocal de Migraciones de Médicos del Mundo. “Este reglamento corre el riesgo de crear un clima de miedo que alejará a las personas de los servicios sanitarios, con graves consecuencias tanto para los individuos como para los sistemas de salud pública en su conjunto”.
Impacto ético y llamado a la UE
Los profesionales sanitarios también expresan su preocupación por el impacto en la ética médica, en particular en la protección de la confidencialidad de los pacientes. El reglamento podría facilitar el intercambio de datos personales sensibles, incluida información sanitaria, e incluso introducir obligaciones de denuncia de personas sin estatus legal.
“Como profesionales sanitarios, nos negamos a convertirnos en instrumentos del control migratorio”, afirma la carta. “Nuestro deber es proteger la salud de todas las personas que necesitan atención, independientemente de su situación administrativa”.
La carta también destaca los efectos perjudiciales para la salud de la ampliación de la detención migratoria, incluidos mayores riesgos de enfermedades infecciosas, graves problemas de salud mental y enfermedades de por vida. Asimismo, señala su preocupación por los planes de establecer centros de deportación fuera de la UE, con garantías limitadas en cuanto al acceso a la atención sanitaria y la protección de los derechos fundamentales.
Los firmantes instan a los miembros del Parlamento Europeo y al Consejo a rechazar el reglamento propuesto y a garantizar que la salud pública y el acceso a la atención no se vean comprometidos por las políticas migratorias.
