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Nuevo reglamento muestra avances en el acceso a la sanidad para migrantes en situación irregular

13.03.2026
El reglamento introduce varias medidas que buscan facilitar el acceso a la sanidad o a las personas migrantes en situación irregular

© Ignacio Marín / Médicos del Mundo

Una nueva medida en España da pasos importantes para llegar a la sanidad universal. El Consejo de Ministros y Ministras aprobó el nuevo reglamento que desarrolla el Real Decreto-ley 7/2018, que busca eliminar las barreras de acceso al Sistema Nacional de Salud

Desde Médicos del Mundo, junto con otras organizaciones sociales, hemos participado durante los últimos meses en un proceso de diálogo con el Ministerio de Sanidad para mejorar el contenido de esta regulación y valoramos este reglamento como un primer paso positivo, aunque quedan por fuera alguna de las peticiones que hicimos las organizaciones de la sociedad civil.

Principales avances del nuevo reglamento para el acceso a la sanidad pública en España

El reglamento introduce varias medidas que buscan facilitar el acceso al sistema sanitario público y reducir las barreras administrativas que, hasta ahora, dejan fuera de la atención sanitaria a distintos colectivos.

Nuestro III Informe sobre barreras de acceso al Sistema Nacional de Salud (SNS) detectó 69 650 casos de barreras al acceso sanitario. Cerca del 41% de esos casos corresponden a requisitos legales y administrativos, como la obligatoriedad del empadronamiento.

El acceso a la sanidad ya no depende exclusivamente del padrón

Uno de los cambios más importantes es que el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria ya no va a depender exclusivamente del certificado de empadronamiento y se podrán utilizar  otros medios para demostrar que una persona viven en España como recibos, certificados de escolarización o registros de visitas o atención por parte de organizaciones sociales.

Además, el reglamento aclara que no se exigirá un tiempo mínimo de residencia en España para poder acceder a la atención sanitaria. Esto acaba con la antigua demanda de las comunidades autónomas y ya no se necesitan tres meses de residencia en el país para acceder a la sanidad pública.

También, para cumplir con los requisitos establecidos en la ley —como no tener cobertura sanitaria por otra vía o no tener un tercero obligado al pago— bastará con presentar una declaración responsable, excepto las personas procedentes de países con los que España tiene firmados convenios bilaterales de Seguridad Social deberán presentar un certificado que acredite que no pueden exportar el derecho a la asistencia sanitaria desde su país de origen.

Las personas migrantes en situación irregular tendrán acceso a la atención sanitaria desde el momento de la solicitud

Otra mejora importante es que el derecho a la asistencia sanitaria se activa desde el momento en que se presenta la solicitud, y ya no será necesario esperar por ninguna resolución administrativa.

Además, si en un plazo de tres meses la administración no emite una resolución denegatoria, se aplicará el silencio administrativo positivo.

La tarjeta sanitaria no tendrá fecha de caducidad

El documento acreditativo de acceso al sistema sanitario —ya sea la tarjeta sanitaria o un documento equivalente— no tendrá fecha de caducidad, por lo que no será necesario renovarlo periódicamente.

Esta medida pretende evitar interrupciones en la atención sanitaria por motivos administrativos.

Se protegerá específicamente a personas en situaciones de especial vulnerabilidad

El reglamento refuerza la atención sanitaria en determinadas situaciones de vulnerabilidad, incluyendo:

  • menores de edad
  • mujeres embarazadas
  • solicitantes de asilo y protección temporal
  • víctimas de violencia de género, violencia sexual o trata
  • personas con enfermedades de declaración obligatoria

Además, en el caso de las mujeres embarazadas, se reconoce expresamente el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo dentro del sistema sanitario público.

¿A quiénes deja fuera de la atención sanitaria el nuevo reglamento?

Aunque se introducen mejoras importantes, existen aspectos que quedan fuera de la regulación y que generan preocupación. Por ejemplo, no se reconoce explícitamente el derecho a la atención sanitaria en urgencias con cargo a fondos públicos para todas las personas, se exigen al menos dos años de residencia en España para poder acceder a listas de trasplante y, algo particularmente preocupante, las personas ascendientes reagrupadas con familiares en España continúan sin acceso garantizado a la sanidad pública ya que la normativa de extranjería exige la contratación de un seguro médico privado en estos casos.

Un paso hacia una sanidad verdaderamente universal

El nuevo reglamento supone un avance importante para reducir las barreras administrativas y facilitar el acceso al sistema sanitario público de muchas personas migrantes. Sin embargo, la universalidad plena de la sanidad en España sigue siendo un objetivo pendiente.

Por eso, desde Médicos del Mundo seguiremos trabajando con las comunidades afectadas y con las personas responsables de la toma de decisiones para que el acceso a la sanidad pública sea efectivo para todas las personas, independientemente de su situación administrativa.

 

 

 

Una nueva medida en España da pasos importantes para llegar a la sanidad universal. El Consejo de Ministros y Ministras aprobó el nuevo reglamento que desarrolla el Real Decreto-ley 7/2018, que busca eliminar las barreras de acceso al Sistema Nacional de Salud

Desde Médicos del Mundo, junto con otras organizaciones sociales, hemos participado durante los últimos meses en un proceso de diálogo con el Ministerio de Sanidad para mejorar el contenido de esta regulación y valoramos este reglamento como un primer paso positivo, aunque quedan por fuera alguna de las peticiones que hicimos las organizaciones de la sociedad civil.

Principales avances del nuevo reglamento para el acceso a la sanidad pública en España

El reglamento introduce varias medidas que buscan facilitar el acceso al sistema sanitario público y reducir las barreras administrativas que, hasta ahora, dejan fuera de la atención sanitaria a distintos colectivos.

Nuestro III Informe sobre barreras de acceso al Sistema Nacional de Salud (SNS) detectó 69 650 casos de barreras al acceso sanitario. Cerca del 41% de esos casos corresponden a requisitos legales y administrativos, como la obligatoriedad del empadronamiento.

El acceso a la sanidad ya no depende exclusivamente del padrón

Uno de los cambios más importantes es que el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria ya no va a depender exclusivamente del certificado de empadronamiento y se podrán utilizar  otros medios para demostrar que una persona viven en España como recibos, certificados de escolarización o registros de visitas o atención por parte de organizaciones sociales.

Además, el reglamento aclara que no se exigirá un tiempo mínimo de residencia en España para poder acceder a la atención sanitaria. Esto acaba con la antigua demanda de las comunidades autónomas y ya no se necesitan tres meses de residencia en el país para acceder a la sanidad pública.

También, para cumplir con los requisitos establecidos en la ley —como no tener cobertura sanitaria por otra vía o no tener un tercero obligado al pago— bastará con presentar una declaración responsable, excepto las personas procedentes de países con los que España tiene firmados convenios bilaterales de Seguridad Social deberán presentar un certificado que acredite que no pueden exportar el derecho a la asistencia sanitaria desde su país de origen.

Las personas migrantes en situación irregular tendrán acceso a la atención sanitaria desde el momento de la solicitud

Otra mejora importante es que el derecho a la asistencia sanitaria se activa desde el momento en que se presenta la solicitud, y ya no será necesario esperar por ninguna resolución administrativa.

Además, si en un plazo de tres meses la administración no emite una resolución denegatoria, se aplicará el silencio administrativo positivo.

La tarjeta sanitaria no tendrá fecha de caducidad

El documento acreditativo de acceso al sistema sanitario —ya sea la tarjeta sanitaria o un documento equivalente— no tendrá fecha de caducidad, por lo que no será necesario renovarlo periódicamente.

Esta medida pretende evitar interrupciones en la atención sanitaria por motivos administrativos.

Se protegerá específicamente a personas en situaciones de especial vulnerabilidad

El reglamento refuerza la atención sanitaria en determinadas situaciones de vulnerabilidad, incluyendo:

  • menores de edad
  • mujeres embarazadas
  • solicitantes de asilo y protección temporal
  • víctimas de violencia de género, violencia sexual o trata
  • personas con enfermedades de declaración obligatoria

Además, en el caso de las mujeres embarazadas, se reconoce expresamente el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo dentro del sistema sanitario público.

¿A quiénes deja fuera de la atención sanitaria el nuevo reglamento?

Aunque se introducen mejoras importantes, existen aspectos que quedan fuera de la regulación y que generan preocupación. Por ejemplo, no se reconoce explícitamente el derecho a la atención sanitaria en urgencias con cargo a fondos públicos para todas las personas, se exigen al menos dos años de residencia en España para poder acceder a listas de trasplante y, algo particularmente preocupante, las personas ascendientes reagrupadas con familiares en España continúan sin acceso garantizado a la sanidad pública ya que la normativa de extranjería exige la contratación de un seguro médico privado en estos casos.

Un paso hacia una sanidad verdaderamente universal

El nuevo reglamento supone un avance importante para reducir las barreras administrativas y facilitar el acceso al sistema sanitario público de muchas personas migrantes. Sin embargo, la universalidad plena de la sanidad en España sigue siendo un objetivo pendiente.

Por eso, desde Médicos del Mundo seguiremos trabajando con las comunidades afectadas y con las personas responsables de la toma de decisiones para que el acceso a la sanidad pública sea efectivo para todas las personas, independientemente de su situación administrativa.