Barreras detectadas en el acceso a la sanidad en España
casos de barreras discriminatorias
casos de barreras económicas
Llevamos más de 35 años trabajando para que el derecho a la salud sea una realidad para todas las personas, sin importar sus circunstancias. Que cualquier persona independientemente de su origen, su género y su situación administrativa, económica o social, pueda acceder a la atención médica cuando lo necesite.
En España, en teoría, estamos bastante cerca de la universalidad. Sin embargo, nuestro trabajo con las comunidades vulnerables nos indica que en la práctica esto no ocurre así. Aunque contamos con un sistema de salud público sólido y se han hecho avances importantes para incluir a cada vez más personas, todavía existen brechas y desigualdades que dejan fuera a muchas personas y haciendo que el acceso sea casi universal.
Para entender por qué ocurre esto, es necesario mirar atrás.
En el año 2012, se produjo un cambio que hizo que cerca de un millón de personas quedasen fuera del sistema sanitario. En el año 2018 se intentó revertir esta situación para recuperar ese acceso, pero no se hizo de una forma completa.
Su redacción ambigua permitió durante años interpretaciones diferentes por parte de las comunidades autónomas y generó desigualdades territoriales en el acceso a la atención sanitaria.
Este año se ha dado otro paso hacia adelante, con la aprobación de una normativa que busca limitar estas interpretaciones y garantizar que todas las personas puedan ver reconocido su derecho a acceder a la atención sanitaria. Sin embargo y aunque este avance incluye a casi todas las personas, aún hay situaciones que no están bien resueltas y que siguen dejando fuera a muchas otras.
La universalidad es mucho más allá de quién tiene o no reconocido el derecho. Existen muchas otras barreras que dificultan el acceso a la salud.
Por eso, además de trabajar para garantizar el acceso a la atención sanitaria de todas las personas, publicamos anualmente nuestro Informe de barreras al Sistema Nacional de Salud en poblaciones vulnerabilizadas que analiza es lo que está fallando y proponemos cambios con un objetivo muy claro: avanzar hacia una sanidad realmente universal dejando atrás el ‘casi’.
Estos informes forman parte del proyecto Accesible: proyecto integral para la mejora del acceso universal al sistema sanitario, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Porque cuando hablamos de salud, ‘casi’ no es suficiente.
También puedes descargar los informes anteriores
Médicos del Mundo publica su informe de barreras en el acceso al sistema nacional de salud desde el año 2022. El año pasado, en total, Médicos del Mundo documentó 69.650 casos de barreras. Este informe refuerza el diagnóstico que hicimos en los dos años anteriores: La dificultad para acceder a la atención sanitaria pública en España se exacerba en la medida en lo que lo hace la vulnerabilidad social de la persona.
Cuando hablamos de barreras de acceso a la sanidad, nos referimos a esas situaciones que por cualquier motivo, hacen que una persona no pueda acceder a la atención sanitaria cuando la necesita. Es decir, un acceso casi posible. Estas dificultades de acceso, no son casualidades ni errores puntuales. Suelen ser consecuencia de cómo las instituciones plantean y aplican la normativa, o de la falta de medidas para abordar las desigualdades del sistema.
Estas barreras no solo son un obstáculo para acceder a la sanidad, sino que pueden tener graves consecuencias en la salud y en la vida de las personas.
Como exigir requisitos administrativos difíciles de cumplir, como puede ser demostrar empadronamiento durante un tiempo determinado.
Que provocan que por esta falta de información clara, haya personas que no conozcan bien qué derechos tienen.
Como pueden ser las dificultades para acceder a los centros de salud, por largas distancias o falta de transporte.
Como cuando una persona no puede afrontar el coste de los medicamentos.
Como cuando el sistema no tiene en cuenta la diversidad de las personas, su cultura o idioma.
Día Mundial de la (casi) Salud
El 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud, Fecha señalada en nuestro calendario en la que es necesario recordar y concienciar sobre la salud como un derecho humano fundamental y no como un privilegio.
Este año, desde Médicos del Mundo queremos aprovechar esta fecha para poner sobre la mesa una realidad que viven muchas personas en España. Y es que la salud en España no es completamente universal. Aunque contamos con un sistema sanitario público fuerte, todavía existen barreras y desigualdades que dejan fuera a muchas personas o dificultan su acceso en condiciones de igualdad.
Pero la cuestión no se limita a un “casi universal”. Muchas veces, la atención no llega a tiempo, no llega a todas las personas o no garantiza siempre la calidad necesaria. Ese “casi” representa esas grietas del sistema que impiden que el derecho a la salud se cumpla plenamente.
Por eso, este año, desde Médicos del Mundo hablamos del Día Mundial de la (casi) Salud: una llamada a reconocer lo que funciona, pero también a señalar lo que aún debe mejorar.
Porque en salud, ”casi” llegar no es llegar.
“Llevé a mi madre para que le atendieran en el centro de salud porque tiene antecedentes de cáncer y ahora le ha salido un bulto, pero su tarjeta sanitaria ha caducado y al tener problema con el empadronamiento nos dijeron que no tenía derecho a nada ni siquiera a poner una reclamación, y nos preguntaron que por qué había venido de mi país, y que si quería ser atendida tenía que pagar un dinero que no tengo”. Más tarde nos enteramos al acudir a Médicos del Mundo, que, a través de un informe de la trabajadora social, mi madre podía acceder al sistema sanitario. Todo ese tiempo se quedó sin ser atendida”
Salima está embarazada y llega con sangrado al hospital más cercano. No habla castellano y no entiende que ha tenido un aborto. Se solicita la presencia de una sobrina suya para que traduzca y le comunique la pérdida. Salima lo recuerda con mucho dolor, ya que no entendió lo que estaba sucediendo.
“Me diagnosticaron cáncer de mama cuando llevaba un año viviendo en España. Yo estaba en situación administrativa irregular. Tenía acceso al sistema sanitario que me cubrió todo el tratamiento quimioterápico, pero me dijeron que yo me tenía que costear las medicinas. No podía trabajar, por mi enfermedad y porque no tenía permiso de residencia.”
Nuestros informes dejan una idea clara: la sanidad en España es ‘casi’ universal. Todavía hay grietas importantes en el sistema, que dejan fuera a muchas personas. Hay colectivos desprotegidos, procedimientos que generan desigualdad y falta de uniformidad en la aplicación de la ley por las distintas comunidades autónomas. Por eso, recomendamos:
* Aprobar el Proyecto de Ley de sanidad universal para reconocer con el mayor rango normativo el derecho a la atención sanitaria en condiciones de igualdad a todas las personas que viven en España, así como incorporar a algunos de los colectivos que todavía permanecen excluidos, particularmente las personas mayores que llegan a España reagrupadas por sus hijas e hijos.
* Modificar la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos para asegurar el acceso a la prestación farmacéutica de personas en situación de vulnerabilidad social.
* Garantizar que los centros sanitarios cuentan con servicios de traducción e interpretación y con personal de mediación intercultural.
* Reforzar los servicios sociales locales y autonómicos y el personal de trabajo social de los centros sanitarios.
* Abstenerse de crear procedimientos paralelos o adicionales para que las personas extranjeras soliciten su derecho a la atención sanitaria.
* Formar al personal de los centros sanitarios para que apliquen adecuadamente la normativa relativa al acceso al sistema nacional de salud
* Elaborar e implementar protocolos sanitarios específicos sobre la atención a personas migrantes.
* Asegurar la conexión mediante transporte público entre las áreas rurales y los centros de salud y hospitales.
Porque el sistema sanitario sólo será universal cuando nadie se quede fuera.
Una de las situaciones más graves en esta comunidad autónoma se da en los asentamientos en zonas agrícolas de Almería y Huelva, donde las condiciones de vida –sin agua, luz ni saneamiento– tienen un fuerte impacto en la salud. A esta realidad se suman importantes barreras de acceso al sistema sanitario, como la lejanía de los centros de salud, la falta de transporte y la escasa presencia de atención primaria en estos entornos. El requisito del empadronamiento es uno de los mayores obstáculos que nos encontramos, aunque en algunos casos se flexibiliza para garantizar la atención. Todo ello refleja una situación de exclusión que dificulta el acceso efectivo a la salud.
Aunque existe un marco relativamente garantista para el acceso al sistema sanitario, persisten barreras que impiden una cobertura verdaderamente universal en esta comunidad autónoma, especialmente para las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. En 2025, se han documentado casos graves de desatención en patologías como cáncer, diabetes, salud mental o enfermedades cardiovasculares. A pesar de los avances logrados, sigue siendo necesario reforzar medidas que garanticen un acceso equitativo a la salud para todas las personas.
Asturias también cuenta con un marco legal favorable a la universalidad, y, a pesar de ello, persisten barreras administrativas, económicas, informativas y culturales que dificultan el acceso real a la atención sanitaria. Las principales trabas están relacionadas con requisitos como el empadronamiento o la acreditación de residencia, que afectan especialmente a personas migrantes y mujeres en situación de prostitución. También destacan las barreras económicas, como la facturación en urgencias o las dificultades para acceder a medicamentos. Esta realidad evidencia la necesidad de avanzar hacia un modelo más accesible, inclusivo y centrado en garantizar el derecho efectivo a la salud para todas las personas.
En Cantabria, hemos documentado numerosas barreras de acceso a la atención sanitaria que afectan a las personas en situación de vulnerabilidad. Destacan las barreras discriminatorias vinculadas al empadronamiento y a las dificultades para acceder a informes de trabajo social, pese a existir alternativas en la normativa. También persisten barreras informativas por falta de conocimiento del personal, así como obstáculos físicos y, en menor medida, económicos y culturales.
En Castilla-La Mancha, las personas migrantes enfrentan importantes barreras de acceso al SNS, pese a las normativas existentes que reconocen el derecho a la salud. Entre los principales obstáculos se encuentran los requisitos administrativos, como demostrar tres meses de estancia o la imposibilidad de tramitar la tarjeta sanitaria para personas de la UE o reagrupadas por familiares. También destaca la desinformación sobre el acceso a la salud y el aumento de las actitudes racistas o xenófobas y prácticas discriminatorias que dificultan el acceso efectivo a la atención sanitaria en igualdad de condiciones. A ello se suman importantes dificultades en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, especialmente para mujeres sin tarjeta sanitaria, que en muchos casos deben asumir los costes o enfrentarse a retrasos que comprometen su derecho.
Castilla y León también mantiene una aplicación restrictiva de la normativa que limita el acceso efectivo a la atención sanitaria: la exigencia del empadronamiento como vía principal para acreditar la estancia, las dificultades para acceder a recursos sociales y la falta de aplicación homogénea del marco legal generan situaciones de exclusión sanitaria que afectan incluso a colectivos con especial protección como solicitantes de asilo, mujeres embarazadas o menores.
Se han identificado barreras específicas en el acceso a la atención sanitaria para personas migrantes con enfermedades infectocontagiosas, como el VIH o la sarna, con diferencias territoriales significativas que facilitan el acceso en provincias como Valladolid frente a otras como Palencia. Esta desigualdad pone de manifiesto la necesidad de establecer protocolos claros y homogéneos que agilicen el reconocimiento del derecho a la atención sanitaria, así como el acceso a seguimiento, medicación y tratamientos.
Aunque existe un marco normativo que reconoce el acceso universal a la salud, persisten múltiples barreras que dificultan su aplicación efectiva, especialmente entre personas migrantes y en situación de vulnerabilidad. Destacan los obstáculos administrativos, como el empadronamiento, la falta de información, las dificultades para acceder a medicamentos o transporte y la insuficiente mediación intercultural agravan estas desigualdades. Esta realidad evidencia la necesidad de reforzar las medidas que garanticen un acceso real, equitativo y adaptado a las necesidades de toda la población.
En Extremadura interactúan barreras administrativas, sociales y territoriales que afectan especialmente a algunos de los colectivos más vulnerables: población migrante, personas en asentamientos agrícolas, mujeres en contextos de prostitución y personas con discapacidad.
Características típicas de la región como la dispersión rural, la falta de transporte público, la escasez de profesionales sanitarios —especialmente en salud mental y enfermedades infecciosas— y la saturación administrativa agravan generan largos periodos sin cobertura sanitaria, lo que ha producido casos de enfermedades y tratamientos no atendidos, incluyendo diagnósticos graves, interrupciones de embarazo o seguimientos médicos esenciales.
En Galicia es evidente que existe un entramado complejo de obstáculos interrelacionados, que afectan de manera transversal la equidad y la universalidad del sistema sanitario. A pesar de la normativa vigente, su aplicación en Galicia presenta lagunas que generan exclusión. Además, la insuficiencia de la infraestructura sanitaria en atención primaria, la dispersión de los servicios en zonas rurales, la saturación de centros, los horarios poco compatibles con empleos precarios y la falta de transporte adecuado dificultan el acceso efectivo a la atención.
Galicia presenta características particulares que afectan de manera directa el estado de salud de la población: la inversión en salud ha caído, especialmente en atención primaria; existe una necesidad urgente de recursos humanos y materiales. También, muchas personas migrantes viven en áreas rurales o municipios pequeños donde los servicios sanitarios de especialidades y los recursos se encuentran en ciudades, lo que implica desplazamientos largos. Todo esto ha dejado fuera del sistema a muchas personas, incluyendo pacientes con enfermedades graves.
En esta comunidad autónoma, el acceso a la salud dista de ser universal debido a múltiples barreras que afectan especialmente a personas en situación de vulnerabilidad. Las más frecuentes son las discriminatorias, destacando el empadronamiento como principal obstáculo, agravado por la dificultad de acceso a la vivienda. También persisten importantes barreras informativas y una aplicación desigual de la normativa, lo que genera inequidades según la isla o el centro sanitario. Esta situación evidencia la necesidad de reforzar la formación, garantizar el cumplimiento de la normativa y avanzar hacia un acceso real y equitativo a la atención sanitaria.
Si algo caracteriza a Canarias es precisamente su insularidad. Esto constituye una barrera estructural que dificulta el acceso equitativo a la atención sanitaria. La concentración de recursos especializados en Tenerife y Gran Canaria obliga a muchos y muchas pacientes a desplazamientos interinsulares, con un impacto mayor en personas en situación de vulnerabilidad. Estos traslados implican costes económicos, sociales y emocionales, y pueden generar retrasos o discontinuidad en la atención. Aunque se han producido avances, persisten desigualdades territoriales que evidencian la necesidad de reforzar los recursos y garantizar una atención accesible en todas las islas.
En La Rioja, la aplicación del marco estatal se realiza desde una interpretación restrictiva que, en la práctica, limita el acceso al sistema sanitario y convierte la universalidad en un reconocimiento más formal que efectivo. El acceso está especialmente condicionado por el empadronamiento, que se configura como una barrera estructural, agravada por la falta de información en los mostradores y por la denegación o retraso en el acceso a trabajo social, lo que bloquea las pocas vías alternativas existentes .
La ausencia de criterios unificados, la arbitrariedad en la tramitación y prácticas como la facturación a mujeres embarazadas o menores, dejan en evidencia a un sistema que no garantiza un acceso efectivo a la atención sanitaria para las personas más vulnerabilizadas.
La estructura administrativa en Madrid genera barreras adicionales, especialmente a través de las Unidades de Tramitación, que centralizan y retrasan el acceso, utilizan criterios opacos, carecen de transparencia y constituyen una herramienta de desigualdad.
El perfil de las personas afectadas está marcado principalmente por población migrante —especialmente de Latinoamérica (85,3%)— y el acceso al sistema está condicionado por requisitos administrativos como el empadronamiento, que implican demoras de hasta varios meses sin acceder a la atención. Todo esto hace que no se pueda hablar de Sanidad Universal ni de Derecho efectivo a la Salud para todas las personas en la comunidad de Madrid.
El acceso al sistema sanitario público en Navarra sigue estando limitado por distinto tipo de barreras que afectan de forma desproporcionada a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.Las barreras lejos de presentarse de manera aislada, se interrelacionan y generan procesos de exclusión que han visto poco progreso en los últimos años a pesar de que existe una normativa que sí garantiza el acceso.
La exigencia de requisitos no contemplados de forma expresa en la normativa y otras barreras como la dificultad física de acceso en entornos rurales o para personas con movilidad reducida, el elevado precio de los medicamentos para personas sin tarjeta sanitaria y la falta de información clara, accesible y comprensible sobre los derechos sanitarios y los procedimientos administrativos; ponen de relieve que la universalidad del sistema sanitario no puede limitarse a un reconocimiento formal.
A lo largo de la última década el Gobierno Vasco fue adaptando su marco regulatorio para mantener el acceso sanitario de las personas en situación administrativa irregular y mitigar los efectos restrictivos que tuvo RDL 16/2012, que expulsó a miles de personas del sistema nacional de salud. sin embargo, la noción de universalidad en el acceso a la atención sanitaria no puede quedar reducida a un mero reconocimiento legal.
Personas en tratamiento activo se han visto afectadas por procesos colectivos de retirada de cobertura sanitaria o “depuraciones” que son justificadas por la saturación del sistema sanitario. Además, no hemos constatado ningún esfuerzo en formar al personal administrativo para atender al conjunto de la población, y las irregularidades administrativas son habituales.
A pesar de que en la Comunidad Valenciana existe un marco normativo autonómico orientado a garantizar la universalidad, nuestra experiencia demuestra que su aplicación práctica sigue siendo desigual, con interpretaciones administrativas y lagunas normativas que generan incertidumbre y obstáculos, sobre todo para los colectivos vulnerables. A ello se suma la persistencia de barreras económicas y físicas que condicionan la posibilidad real de acceder y mantener los tratamientos médicos.
Mientras las instituciones continúen reproduciendo desigualdades y delegando en las entidades sociales la mediación y el acompañamiento que deberían estar garantizados desde el propio sistema, la universalidad sanitaria seguirá siendo una promesa pendiente para las personas más vulnerabilizadas del territorio.
A pesar de la reducción de entradas irregulares en Melilla, durante este año se ha detectado un elevado número de personas residentes en la ciudad con barreras de acceso al sistema sanitario. Estas dificultades se deben, por un lado, a que Melilla sigue funcionando como un espacio de primera llegada y, por otro, a la falta de documentación de personas con larga estancia en la ciudad para acreditar el cumplimiento de los requisitos.
